Ulpiano Martínez tiene también a su cargo el pedido de investigar crímenes de la Triple A.
Mientras el tribunal oral subrogante que juzga a 25 represores en el Juicio Armada Argentina – BNPB encabeza inspecciones oculares en las bases de Infantería de Marina Baterías y Puerto Belgrano acompañado por sobrevivientes, querellantes, defensores e integrantes de la Unidad Fiscal, los titulares de esta última, José Nebbia y Miguel Palazzani reciben los embates de la corporación judicial bahiense en las causas que investigan la participación civil en el genocidio.
Días después de la exoneración del secretario y juez de dichas investigaciones, Álvaro Coleffi, por las filtraciones de escuchas de la causa del narco Suris, el recusado Santiago Ulpiano Martínez reflotó una denuncia de la imputada Gloria Girotti y dictó la nulidad del decreto de la Procuración General que en 2013 designó a los dos fiscales ad hoc. “Es parte de esa maniobra que venimos denunciando, un hito más en esa avanzada desenfrenada”, opinó Nebbia.
“Pareciera como una confabulación”, dijo desde la Procuraduría de Lesa Humanidad Jorge Auat y se mostró sorprendido de que Martínez invalide la designación de los funcionarios a la vez que avala todo lo actuado por ellos. “La Corte ha dicho que esto es política de Estado y no hay vuelta atrás, si es así, me parece que toda la agencia judicial debería alinearse detrás de ese objetivo, hay que avanzar en las causas, cualquier martingala procesal que impida el avance debe ser rechazada”.
Si bien el contenido del fallo será apelado ante la Cámara local, la conducta del magistrado subrogante espera ser evaluada por el Consejo de la Magistratura. En la perezosa Comisión de Disciplina y Acusación Luis María Cabral tiene a su cargo la denuncia “Nebbia José A. y Palazzani M. (Fisc. Gral. Ad. Hoc. De Bahía Blanca) s/ act. Dr. Martínez Santiago U.” del 9 de diciembre de 2014 y la dra. Adriana Donato una similar presentada ocho días después por Rosana y Adriana Heinrich, hijas del obrero de La Nueva Provincia y dirigente del Sindicato de Artes Gráficas Enrique Heinrich, secuestrado y fusilado junto a su compañero Miguel Ángel Loyola.
Cabral y Leónidas Moldes integran el Consejo en representación de lxs jueces y juezas del Poder Judicial de la Nación y Donato de lxs abogadxs de la matrícula federal. El resto de lxs miembros de la comisión son Julián Álvarez, consejero por el Poder Ejecutivo Nacional, Jorge Candis del sector Académico y Científico, por el Senado Ruperto Godoy y Ángel Rozas y por la Cámara de Diputados Héctor Recalde. El 4 de junio podría haber alguna resolución. En tanto, la Comisión de Selección de Magistrados aun debe resolver el pedido de nulidad de la designación de Claudio Pontet, el esmerado autor de la falta de mérito del empresario Vicente Massot.
En diálogo con FM De la Calle el fiscal José Nebbia recordó que Martínez fue denunciado por su actuación y por su intervención “irregular” en el Juzgado Federal Nº1 dado que “hay una jueza titular en la jurisdicción y así lo establece la ley de subrogancia y su reglamentación”.
“El tribunal oral que está juzgando en Bahía Blanca, en dos juicios distintos y ante el plateo de distintos abogados, rechazó esa petición porque tanto las defensas como el juez citan en su salvamento una resolución de la Corte Suprema de 2013 respecto a una fiscal que estaba subrogando ante la Corte. Nuestra situación no es la misma porque cuando uno subroga, como está haciendo Martínez, viene a ocupar un lugar que está vacío. Nosotros aquí no estamos como subrogantes sino como ad hoc, venimos a coadyuvar, no venimos a ocupar el lugar de nadie sino que nos especializamos en la materia, por eso firmamos distintos escritos con otros fiscales”, explicó Nebbia.
En agosto de 2013, la Corte Suprema declaró ilegal la designación de Alejandra Cordone Roselló, procuradora fiscal subrogante. Tomando ese antecedente, Gloria Girotti, ex secretaria del juez Guillermo Madueño durante la dictadura e imputada por crímenes de lesa humanidad, denunció a los fiscales Nebbia y Palazzani en Bahía Blanca.
“Contestamos esa posición en septiembre de 2013, el juez pidió los antecedentes de nuestra designación y la procuradora los envió en marzo de 2014, hace más de un año. Resulta que ahora, cuando estamos poniendo en conocimiento del Consejo de la Magistratura desde diciembre del año pasado la situación de parálisis y atraso del juzgado que Martínez está ocupando, tanto de la secretaría de derechos humanos como las restantes secretarías penales, bueno, Martínez tuvo abierta una causa tanto tiempo y extemporáneamente cuando encuentra el momento oportuno nos intenta sacar del medio”, agregó.
El fiscal propuso ver la película completa y encontrar los hilos conectores con decisiones judiciales como la expulsión del ex juez Coleffi y repasó: “Llegamos en 2013 y planteamos la necesidad de llamar a indagatoria e investigar la actuación del cura Vara cuando en el Batallón 181 estaba con los chicos de la ENET que habían sido secuestrados y torturados. Martínez nos dijo que no, cuando intervino Coleffi avanzó. Planteamos inmediatamente después que se investigue por orden de tres jueces del tribunal oral el papel de La Nueva Provincia y sus directivos. Martínez dijo que no, cuando vino Coleffi avanzó. Martínez intentó atomizar las causas, planteamos esa situación y por suerte la Cámara revirtió, planteamos que es necesario investigar los crímenes de contenido sexual, los abusos y las violaciones en los centros clandestinos, Martínez nos dijo que no, que eso no era parte del plan criminal y, por ende, eran delitos prescriptos”.
“En la causa de La Nueva Provincia no podía intervenir Martínez, entonces su secretario (Mario Fernández) Moreno presenta una serie de escritos que permiten apartar al juez Coleffi que había avanzado. Coleffi es echado de la justicia federal y ahora Martínez saca esta resolución. Es claro, estoy describiendo hechos objetivos, lo que viene sucediendo en la jurisdicción, la conclusión que deriva de estos hechos es manifiesta”.
Otro dato: el abogado de represores y teniente coronel Mauricio Gutiérrez cuestionó la designación de los fiscales y del propio Martínez. El subrogante se desmarcó y rechazó el planteo en su contra en menos de un mes aunque en el caso de Nebbia y Palazzani “mantuvo abierto el expediente dos años a la espera del momento oportuno”.
Nebbia aclaró que la designación de fiscales ad hoc “se viene haciendo desde el Juicio a las Juntas” sin inconvenientes y que la Cámara presidida por el ex PCI Néstor Montezanti deberá encontrar “nuevos argumentos” si pretende respaldar a Martínez dado que años atrás fijo postura contraria al analizar una demanda similar contra el fiscal Abel Córdoba. “Y luego el Consejo de la Magistratura debe intervenir en función de que es el órgano revisor de lo que sucede en los juzgados y con los jueces”.
“No tenemos más herramientas que las institucionales”
El titular de la Procuraduría de Lesa Humanidad Jorge Auat calificó la denuncia como “una confabulación” o “conjura” de sectores del poder judicial que pretenden impedir el avance de las causas.
“Hay una cosa bastante complicada para comprenderle, incluso a la luz de cualquier parámetro del derecho, no sé cuáles son las jerarquías, los valores que toman en cuenta a la hora de decir ´lo actuado está bien pero la designación no´, estamos hablando de un hecho fundamental que es la habilitación para actuar, la pone en crisis pero por otro lado legitíma esa actuación hacia atrás”, manifestó en diálogo con FM De la Calle.
Aseguró que es el mismo fallo que en caso de la procuradora Roselló, conocido como “De Martino”, aunque subrayó que no es aplicable en el caso bahiense porque “la designación de Nebbia se ajusta a lo que dice la Corte”.
“En ´De Martino´ la Corte dijo ‘es irregular o ilegal la designación pero es válido lo actuado’. ¿Cómo se entiende eso? Si para actuar yo tengo que tener una habilitación legal y si actué ilegalmente, no sé cómo pueden validar lo que hice. Hay una cosa bastante curiosa. Está bien, cuando habla la Corte es definitivo pero eso no quiere decir que el fallo tenga calidad jurídica o institucional”, sostuvo.
Auat reconoció que “no es fácil avanzar, mucho menos cuando se habla de los civiles o de los grupos económicos del poder real. Imaginemos los casos de los jueces, siempre es difícil porque es la propia corporación que se defiende, hemos ido contra jueces que estaban en funciones, no ex jueces, era previsible. Ingenuamente en Mendoza nos fuimos a hablar con los jueces de la Cámara y eran los que hoy están sentados como imputados. Bastó profundizar la investigación para que de algún modo se empiece a conocer la historia de los hechos en Mendoza”.
“No hay margen para el largo plazo, eso es igual impunidad. Para que se viabilice esta idea de que es política de Estado se necesita compromiso de las agencias que corresponden y eso incluye verificar, ponderar, el tiempo que queda disponible. Es la forma de evitar la impunidad que es la peor respuesta que se le puede dar a la sociedad”, afirmó y concluyó que “el poder judicial no experimentó ningún tipo de cambios en ningún tiempo histórico. Fue poder judicial en dictadura y en democracia, la misma estructura con los mismos paradigmas y durante muchos años con los mismos sujetos fueron funcionales a un estado policial en una oportunidad y operadores de un estado de derecho en otra”.
