De espalda, el juez subrogante Santiago Martínez, brinda el fiscal general Alejandro Cantaro y abraza al camarista Pablo Candisano Mera.
Un nuevo actor apareció para garantizar la impunidad cuando están dadas las condiciones para que el juez Álvaro Coleffi defina la situación procesal de Vicente Massot, dueño de La Nueva Provincia imputado por crímenes de lesa humanidad. Se trata del secretario del Juzgado Federal Nº1, Mario Fernández Moreno, quien se quejó por reuniones que el magistrado tuvo sin su presencia con los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia causándole un “alto grado de violencia anímica y moral”.
“¿Fernández actúa de igual manera en todas las causas donde ve o se entera de que algún defensor, fiscal o juez de otra instancia dialogan entre sí? ¿Acaso no dialogó nunca a solas con un defensor? ¿Y con los fiscales?”, se preguntaron desde el Ministerio Público y advirtieron que “este tipo de presentación es más efectiva a efectos de lograr impunidad que las propias presentaciones del defensor técnico de los imputados”.
Además, se mostraron sorprendidos porque a Fernández “no le haya movido un pelo” la íntima relación entre el juez Martínez, el fiscal general Alejandro Cantaro y el camarista Pablo Candisano Mera, “siendo que es -hoy- secretario penal subrogante” en causas donde todos ellos intervienen.
En su respuesta, denunciaron que la “maniobra” de Fernández -en tándem con el juez subrogante Santiago Martínez- “pretende correr el eje de lo verdaderamente importante: la responsabilidad penal de los civiles cómplices con la dictadura cívico-clerical-militar”.
Coleffi, luego de procesar al obispo Guillermo Garlatti por el encubrimiento del cura genocida Aldo Vara, fue apartado por la Cámara Federal “sin razones aparentes” quedando a cargo de las tres investigaciones en las cuales, ahora, el secretario se siente agraviado.
¿Y ahora qué hago?
El secretario del Juzgado Federal Nº1, Mario A. Fernández Moreno, manifestó su “profundo pesar” a Coleffi horas después que este reciba de manos de los fiscales Nebbia y Palazzani un documento que amplía la argumentación y el análisis de la prueba para pedir el procesamiento y prisión preventiva de Vicente Massot, imputado por instigar e incitar al genocidio y encubrir y ocultar los “enfrentamientos” fraguados por las fuerzas armadas mediante la acción psicológica y por su intervención como coautor de los secuestros y homicidios de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.
Fernández Moreno es secretario en las causas que investigan la responsabilidad criminal en delitos de lesa humanidad no solo de Vicente Massot, sino también del ex secretario del juez federal Guillermo Federico Madueño, Hugo Mario Sierra, y del fallecido ex capellán del V Cuerpo de Ejército, Aldo Omar Vara.
En su escrito aseguró que en “este tipo de causas, de enorme trascendencia pública, debe priorizarse la transparencia y formalidad que exige un trámite judicial” y lo contrastó con las reuniones mantenidas por Coleffi con los fiscales “a puertas cerradas”. Identificó algunas antes y después del allanamiento de la sede de La Nueva Provincia, una en torno a un viaje de Palazzani “por un concurso en el Ministerio Público”, una previa a la suspendida ampliación indagatoria de Massot el 11 de noviembre y otra posterior a la concreción de dicho trámite el 20 del mismo mes y, “la última, el jueves pasado para presentar un nuevo documento reiterando el pedido de procesamiento y prisión preventiva”.
“La falta de comunicación al suscripto de la realización de esas reuniones, la imposibilidad de acceder a las mismas, y fundamentalmente su carácter reservado, en particular frente al suscripto, en mi calidad de secretario del juzgado, son circunstancias que generan en mí un estado de desconfianza frente al curso que siguen los trámites”, aseguró.
Asimismo, asoció la pérdida de confianza a la investigación sobre la filtración de escuchas de una causa por narcotráfico y, con permiso de Martínez, le informó a Coleffi que el jueves pasado su colega se excusó de la investigación sobre la revelación de secretos porque sospecha que fue el mismo Coleffi quien entregó “el material reservado”.
Por el mismo tema, menciona un comunicado del Colegio de Abogados que denuncia “una suerte de campaña difamatoria” en perjuicio de Martínez y la preocupación de los fiscales ante las denuncias al juez que avanzó “en las pesquisas sobre la complicidad civil con los militares”. También indica la recusación que Nebbia y Palazzani presentaron contra Martínez por no investigar los delitos sexuales cometidos por más de 70 militares.
Este cuadro de situación, dice el ex secretario del juez Alcindo Álvarez Canale, “me impone un marco de actuación que me impide ejercer normal y eficazmente mi función, lo cual me produce un alto grado de violencia anímica y moral”. “Igual violencia me produce considerar la idea de tener que apartarme en las referidas causas”, agregó y pidió que el magistrado le “indique el temperamento a adoptar en lo que respecta a mi intervención en la prosecución del trámite de las causas”.
El secretario ofendido es hijo del ex camarista Augusto Fernández quien, antes de que comenzara el primer juicio oral por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca, firmó la excarcelación de 36 represores recibiendo el repudio generalizado de víctimas y organizaciones locales y nacionales. En 2012, Fernández Moreno volcó en un expediente judicial los chimentos aportados por un empleado del juzgado que mientras realizaba un trámite en la Fiscalía de Abel Córdoba vio que una sobreviviente del genocidio era atendida por el entonces representante del Ministerio Público. Fue en el marco de una recusación planteada por el abogado y teniente coronel Mauricio Gutiérrez que tramitaba el juez Eduardo Tentoni, repudiada luego por la Cámara de Apelaciones por el “indebido escrutinio e individualización de personas”. Tentoni fue apartado de la causa y el secretario pasó desapercibido.
Sin vueltas
Los fiscales en su respuesta “al libelo” de Fernández Moreno proponen ir “al grano directamente” poniendo el foco en las causas que investigan las responsabilidades de sectores civiles con el terrorismo de Estado: “Vara, Sierra y Massot”.
Recuerdan que Coleffi subroga esas causas porque Santiago Martínez “debió apartarse, básicamente, por no avanzar deliberadamente en las mismas. De lo cual, seguramente, no es ajeno el secretario tal como queda evidenciado con esta última y burda maniobra que materializa el escrito presentado”.
Descartan referirse a las “reuniones” planteadas por el secretario ofendido “porque no estamos para contestar cinismos ni hipocresías” y proponen incorporar el escrito “al catálogo de ejemplos del último libro de Marcelo Cereijido”. En “Hacia una teoría general sobre los hijos de puta”, el fisiólogo celular y molecular examina la “hijoputez” como “infamia universal”, analizando que el afán por causar daño al prójimo es mucho más que un comportamiento cultural o psicológico y responde a pautas y patrones que permiten un estudio de la maldad desde un punto de vista biológico.
La queja de Fernández Moreno, para los fiscales, “es -lisa y llanamente- la evidencia más cabal -y ahora visibilizada por no quedarles otro remedio- de una estrategia defensista de Vicente Gonzalo Massot y Hugo Mario Sierra”, que es “acompañada desde las sombras” por Santiago Martínez, apartado de la investigación sobre Sierra por “familiaridad de trato”, en la del cura Vara “por entender que no hubo delito en su actuación como capellán durante el Terrorismo de Estado” y, respecto a Massot, manifestando que “LNP ejerció el derecho de libertad de expresión en vez de conductas criminales”. Según el modus operandi del tándem Fernández Moreno-Martínez los fiscales advierten que les resta “consolidar la maniobra con una denuncia penal”.
Otra cosa es con buen vino
Hippies: Martínez, Furlong, Duprat, Candisano Mera y Cantaro de fiesta en 2005.
Contra las “reuniones” que provocaron el “alto grado de violencia anímica y moral” de Fernández Moreno, Palazzani y Nebbia le enrostran “el solo dato -concreto e histórico- de que el propio secretario Martínez ha vacacionado con un juez de Cámara y un fiscal de la jurisdicción en Europa, hecho que no le ha movido un pelo de preocupación al secretario devenido en defensor de cómplices civiles; siendo que es -hoy- secretario penal subrogante en causas donde Martínez, fiscal y juez de Cámara intervienen”.
Es conocida la afición al buen vino y las visitas a bodegas que comparten Martínez con el fiscal general Alejandro Cantaro, el camarista Pablo Candisano Mera y otros integrantes de la “familia judicial” bahiense. Sin embargo, Palazzani y Nebbia lamentan que a Fernández solo “lo violenta que los suscriptos a la vista de todos y en los públicos despachos, eventualmente, tengan contacto -y, por cuestiones operativas que hacen al mejor desenvolvimiento del proceso- con el juez Coleffi”.
Como muestran las imágenes que comparten en las redes sociales, en el grupo de catadores participan Cantaro y el juez provincial Eduardo d’Empaire quienes, como consejeros del Departamento de Derecho de la UNS, y junto al decano Andrés Bouzat, blindan hace tres años al docente y camarista Néstor Luis Montezanti del juicio académico motivado por su pertenencia al Destacamento de Inteligencia 181 como PCI durante el genocidio. En el tribunal de Alzada que preside el espía, se desempeña otro de los seguidores de Baco, Pablo Candisano Mera, juntos firmaron recientemente el fallo que desprocesó a un intendente y un subcomisario proxenetas en una causa por trata de mujeres.
La respuesta fiscal, que también fue comunicada al Consejo de la Magistratura, evidencia la habitualidad de las “reuniones o encuentros que obedecen a cuestiones operativas normales de las causas”, tanto entre el “secretario-defensor” y los acusadores como con defensores particulares. “El secretario, de repente, se espabila y descubre -cual antropólogo judicial- el funcionamiento cotidiano de los tribunales”.
“La maniobra, en tándém, hasta ahora, con Martínez, es por demás evidente. Las preocupaciones procesales que lo violentan le aparecen de repente en la causa ‘Massot’ y ‘Sierra'” –imputados que comparten la defensa de Rubén Diskin- y, “si bien el secretario-defensor no es más que un simple alfil -seguramente movido por otros designios-“, lo “grave” de la maniobra es que pretende correr a “quienes vienen impulsando (las causas) a pesar de personajes como Fernández y Martínez”, afirmaron desde el Ministerio Público recordándoles que “para ser defensores deben matricularse y pagar el bono pertinente”.
Reuniones
