Compartimos el documento de la Comisión de Apoyo a los Juicios y las organizaciones abajo firmantes leído en la Plaza de la Resistencia y la Memoria de Bahía Blanca a 4o años del golpe de Estado cívico militar.
A 40 años del golpe cívico militar una de las épocas más trágicas de nuestro país, nos convocamos en esta plaza nuevamente para denunciar los crímenes contra los derechos humanos de ayer y de hoy, levantando las banderas de lucha de nuestros compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, más vigentes que nunca y la construcción de memoria, verdad y justicia.
Memoria sobre los 30000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos y un proyecto político propio de los sectores comprometidos con la liberación nacional y social que expresaban la lucha por una sociedad sin explotadores ni explotados.
Verdad para develar los mecanismos de tortura que aplicó una estructura militar imponiendo un modelo económico que garantizó la concentración de la riqueza, la desarticulación de los organismos de base que expresaban la organización popular, sindical y política y la exclusión de amplios sectores de trabajadoras y trabajadores.
Justicia que garantice la cárcel común y efectiva a todos los genocidas, así como a los civiles que planificaron la dictadura quienes aún hoy, son actores importantes en instituciones de la democracia, de empresas influyentes y de medios de comunicación masivos. Los distintos sectores de las Clases dominantes profundamente vinculados a las burguesías locales, terratenientes y a los imperialismos, se unieron para cerrar el auge abierto en la argentina a partir del Cordobazo y definieron dividir y neutralizar a las organizaciones que protagonizaron las luchas populares de los años ’60 y ‘70. Centralmente golpearon contra los delegados obreros, como así también contra todas las expresiones políticas y sociales, articulando internacionalmente a través del plan Cóndor con los EEUU y también con otros Imperialismos, como el Ruso.
Las organizaciones paramilitares ensayaron con avidez los secuestros, tortura y violencia de clase. La acción armada y psicológica de la triple A fue fundamental para construir el escenario que dio un salto y se profundizó a niveles insospechados, con la concreción de la dictadura más sangrienta y fascista de la historia.
Las acciones del terrorismo de la triple A y del terrorismo de Estado tuvieron como
objetivo central el enriquecimiento de minorías a través de políticas económicas que buscaban garantizar dependencia, desarticulación sindical y exclusión.
Hoy se cumplen 40 años de lucha contra la impunidad, de marchas, escraches, actos, homenajes e infinidad de acciones para hacerle frente a la cultura del terror. 40 años donde peleamos contra las leyes de Obediencia debida y punto final, los indultos, la teoría de los dos demonios, las dificultades para el inicio de las causas y las excarcelaciones. 40 años donde seguimos exigiendo la profundización del proceso de juzgamiento, que condenó a 660 represores de los cuales 111, solo el 24%, cuenta con sentencia firme.
El gobierno actual pretende clausurar los juicios por ejemplo con el despido de los trabajadores del programa Verdad y Justicia; y obturar la memoria, desarrollando una operación cultural sobre la sociedad: la vuelta a la teoría de los dos demonios, los dichos de Lopérfido diciendo que “no eran 30.000 desaparecidos” o la editorial de La Nación titulada “No más venganza”, son algunos ejemplos de esta avanzada.
En nuestra ciudad, a cuarenta años del inicio de la última dictadura cívico-militar y a 33 de la recuperación de la democracia aún persisten en distintas instituciones públicas colaboracionistas o partícipes activos del terrorismo de Estado. En la Universidad Nacional del Sur continúan sin resolverse los lentos procesos de enjuiciamientos académicos aprobados contra lxs docentes del Departamento de Derecho Gloria Girotti y Néstor Luis Montezanti.
Sobre éste último, el Poder Ejecutivo Nacional publicó el decreto 427/2016, firmado por el presidente Mauricio Macri y el ministro de Justicia, Germán Garavano, aceptando la renuncia de Néstor Luis Montezanti como camarista federal, impidiendo la lectura de la sentencia por la denuncia de sus vínculos con la Triple A y su pasado como personal civil en el Destacamento de Inteligencia 181 durante el terrorismo de Estado.
Por otro lado, La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó la falta de mérito del dueño de La Nueva Provincia, Vicente Massot, imputado por crímenes de lesa humanidad, y declaró abstracto el pedido de nulidad de lo actuado por el abogado Claudio Pontet, quien benefició al empresario en marzo de 2015. Todas maniobras que garantizan la impunidad de responsables directos del terrorismo de estado.
Acompañamos el pedido de la fiscalía para unificar cuatro causas en donde se investiga la responsabilidad de integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad en crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito del V Cuerpo del Ejército, para así evitar la impunidad biológica de los represores. Resta aún juzgar otra tanda de genocidas de la Armada. Exigimos que la justicia federal retome la investigación de los crímenes de la Triple A en Bahía Blanca, indague a Montezanti y envíe a juicio oral a los miembros de la patota que hoy están procesados. Juicio y castigo a todos los responsables políticos, civiles y militares.
Este año se cumple el 10º aniversario de la segunda desaparición del compañero Jorge Julio Lopez, testigo principal de la Causa Echecolatz; desaparición que nos juntó nuevamente en las calles al grito de: “ahora, ahora, resulta indispensable, aparición con vida y castigo a los culpables”, clamor de resistencia que puso de relieve la continuidad del aparato represivo de la dictadura, y donde la respuesta oficial fue una década de silencios y manipulaciones para no esclarecer este hecho.
Este clima de revigorización de la impunidad está estrechamente vinculado al fortalecimiento de las políticas antipopulares que lleva adelante el macrismo, expresadas en la brutal desvalorización de nuestra fuerza de trabajo (devaluación, inflación y tarifazos), y en centenares de miles de despidos, tanto estatales como de la órbita privada. La contrapartida es una transferencia de recursos a las patronales en general y una profundización en las políticas represivas para contener los reclamos. Los antecedentes en esta materia, provenientes de la gestión kirchnerista con la ley antiterrorista y el proyecto X, le han allanado el camino al gobierno actual para la introducción del protocolo antipiquete, que cuenta con el apoyo de la mayoría de los y las gobernadoras de las distintas provincias.
En la composición de los gabinetes y ministerios, encontramos Ceos de transnacionales y bancos que promueven y facilitan la puesta en marcha de las políticas económicas de ajuste, así como la quita de impuestos a las empresas, como es el caso de las retenciones a las mineras, profundizando así el modelo extractivista y contaminante sostenido por el gobierno anterior. Por otra parte, la burguesía financiera ha incrementado abusivamente sus ganancias, mientras el gobierno impone techos a las paritarias y un amplio sector del sindicalismo acepta aumentos de salario por debajo de la inflación, metiendo la mano en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras. Todo esto con el amparo de los grandes grupos mediáticos.
La politica de cambiemos ha venido a reforzar los viejos mecanismos de disciplinamiento social y a aplicar la estructura represiva con más fuerza. La concesión de la prisión domiciliaria a Jose Pedraza, el responsable del asesinato del compañero Mariano Ferreyra, los más de 5.000 activistas procesados, la reciente represión a los docentes en Santiago del estero, son algunos claros ejemplos de la impunidad que se quiere fortalecer.
Esto también se refleja en la continuidad de la política de gatillo fácil; Luciano Arruga, Giuliano Gallo e Ismael Sosa son algunas de las víctimas de las políticas represivas, destinadas a poner en la mira siempre a los más pobres. Y los piber y pibas no son las únicas víctimas, la situación de los pueblos originarios no ha cambiado y la persecución ha aumentado en los últimos años. Los reclamos y planteos de las comunidades se han hecho más visibles y han dejado en evidencia el desastre ambiental y cultural, producto de la explotación de hidrocarburos y empresas mineras, así como la desforestación y la expansión del monocultivo de soja. Solidaridad con los Hermanos Originarios que luchan por defender sus tierras.
Por otra parte los casos de femicidios han aumentado año a año. El Estado, los representantes políticos de los sectores dominantes y el Poder Judicial son los principales responsables de sostener y perpetuar la violencia machista y patriarcal, al ser parte de sostener la impunidad en los procesos judiciales, al recortar partidas presupuestarias para las políticas sociales de promoción de derechos, al no aplicar las leyes que deberían ampararnos, ni garantizar el acceso a la justicia; en fin al no generar la voluntad política de exigir y construir cambios para terminar con la violencia que afecta día a día a las mujeres en nuestro país.
La violencia de género se expresa también en otras violencias, como el secuestro y la desaparición forzada de mujeres y niñas por las redes de trata; en la prostitución con la mercantilización del cuerpo feminizado; en la invisibilización hacia las mujeres indígenas y no reconocimiento de sus territorios; en la penalización del aborto, en la violencia obstétrica y en la violencia laboral. Todas estas violaciones a los derechos son ejercidas y avaladas por las fuerzas de seguridad y su complicidad con los sectores de poder.
En este 24 de marzo, reafirmamos la defensa de todos los derechos humanos: libertad, trabajo, vivienda, educación, salud y justicia.
También queremos rendir homenaje a Hugo Omar Cañón quien enfrentó decididamente la impunidad sobre los responsables del último golpe Cívico Militar desde la década del 80, cuando fue el único fiscal en oponerse a las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Cañón comenzó la investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el V Cuerpo del Ejército y de la Marina en la zona de Puerto Belgrano. Gracias a su labor se pudo comprobar el funcionamiento del centro clandestino de detención conocido como La Escuelita. Un ejemplo de lucha y coraje.
Y también a Susana Matzkin, hermana de Zulma, desaparecida en la dictadura. Susana fue querellante en las causas por crímenes de lesa humanidad y fundadora de Ausencias Presencias, de la Comisión de Apoyo a los Juicios y de Familiares/Amigos de Víctimas del terrorismo de Estado de la década del ‘70 de Bahía Blanca y la Región.
Hugo y Susana, siempre estarán presentes en la memoria por su compromiso con los Derechos Humanos.
CUATRO DÉCADAS DE RESISTENCIA: LA ÚNICA DEUDA ES CON EL PUEBLO
Hace 40 años, comenzaba un descomunal proceso sistemático de endeudamiento, la génesis del endeudamiento actual. Este proceso se inició el mismo día del golpe, renunciando a la competencia de nuestros tribunales sobre cualquier convenio o contrato que firmara el país, acto seguido, se obligó a las empresas públicas a tomar préstamos internacionales, pero girando esos dólares al banco central, lo que justificaría más adelante su ineficiencia. Luego continuó cancelando deudas privadas con fondos públicos, lo que significó más del 50% de la deuda de la dictadura. Entre estas empresas estaban Socma y Sevel de Franco Macri, Loma Negra para quien luego trabajó Prat Gay, Acindar, Techint, IBM, Ford, Fiat, Mercedes Benz, entre otras 60 empresas.
Todo esto quedó demostrado en el año 2000 por el fallo del juez Ballestero en la causa Olmos, quien investigó la deuda externa entre el 76 y el 82. Este fallo duerme en los cajones del congreso esperando que sea tratado.
Los gobiernos a partir de la democracia, a excepción de un breve intento de Alfonsín, jamás cuestionaron la legitimidad y solo se dedicaron a pagar y refinanciar una deuda que solo aumenta: desde el 83 al 2015 se pagaron más de 400.000 Millones de dolares, pero al día de hoy todavía se deben 240.000 Millones.
La deuda también fue protagonista durante las épocas de crisis en nuestro país, la última de ellas con casi 40 muertos y millones de pobres y desocupados, esto demuestra claramente que es un mecanismo de saqueo mediante el cual se han condenado a la muerte y la desnutrición a miles de personas, para beneficiar a las potencias imperialistas y sus intermediarios locales.
Durante la última década el discurso del desendeudamiento solo fue un nuevo artilugio para mantener esta mentira. Peor aún ha sido la recuperación de la idea que es bueno ser un “pagador serial” y que la deuda debe honrarse sin importar de donde venga.
Ésta es la solida base con la que el kirchnerismo le cimentó el camino a Mauricio Macri para que hoy su gobierno con el viejo discurso del crecimiento y las inversiones, el fantasma de la hiper inflación y la puesta en práctica del ajuste, aprobara su primera Ley para unirse al selecto grupo de pagadores seriales donde se encuentran Cristina Fernandez y Sergio Massa, su jefe de ministros, quien firmó con ella el decreto para cancelarle toda la deuda al Club de París.
A 40 años del golpe Cívico-Militar seguimos pagando de manera humillante, condenando a generaciones enteras y con una nueva ley de pago a los fondos buitres que nos arrodilla ante el poder imperial, todo esto coronado con la visita de su mayor representante, Barack Obama.
La llegada de Obama significa un explícito apoyo al gobierno de la coalición cambiemos, y a sus políticas de sometimiento al capital financiero internacional, y a la entrega de los recursos de nuestra patria. Para el movimiento popular es una clara provocación en esta sentida fecha por ser el imperialismo norteamericano el orquestador del Plan Cóndor, que generó el genocidio, materializado por las últimas dictaduras en el cono sur.
El terrorismo de estado, la fraudulenta deuda externa, el intento del alca y ahora el tratado del transpacífico, son ejemplos de las políticas implementadas por el imperialismo contra nuestros pueblos en general y los trabajadores en particular, denunciamos todo intento de agresión contra la autodeterminación de los pueblos y repudiamos la injerencia de los intereses imperialistas en los países de América Latina y todo el mundo. La lucha y resistencia de los pueblos de Nuestra américa en los últimos 524 años, nos marcan el camino.
En estas cuatro decadas a la cultura del terror la confrontamos con la cultura de la resistencia y la memoria; al olvido, con el reclamo permanente y a la impunidad, con el ejemplo de lucha y organización de los 30.000 compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos, militantes revolucionarios defensores y defensoras de un proyecto político anticapitalista.
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS. LA LUCHA CONTINÚA
A 40 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA: SEGUIMOS LUCHANDO CONTRA LA IMPUNIDAD DE AYER Y DE HOY
NO AL AJUSTE, EL SAQUEO Y LA REPRESIÓN DE MACRI Y LOS GOBIERNOS PROVINCIALES
CONTRA LA TEORÍA DE LOS DOS DEMONIOS-NO A LA RECONCILIACIÓN
CÁRCEL YA A TODOS LOS GENOCIDAS
APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS
RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD A LOS JÓVENES SECUESTRADOS Y SECUESTRADAS
RECUPERACIÓN DEL BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
JUICIO Y CASTIGO A MONTEZANTI, MASSOT Y TODOS LOS CÓMPLICES CIVILES DE LA DICTADURA
ABAJO EL PACTO BUITRE-REPUDIO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA
NO A LOS DESPIDOS-NO AL TARIFAZO-POR PARITARIAS SIN TOPE
CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA-NO AL PROTOCOLO REPRESIVO
NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA Y LA JUVENTUD
DEROGACIÓN DE LAS LEYES ANTITERRORISTAS
BASTA DE INFILTRACIÓN Y ESPIONAJE AL MOVIMIENTO POPULAR
CÁRCEL COMÚN Y EFECTIVA A JOSE PEDRAZA
CÁRCEL Y CASTIGO A LOS ASESINOS DE CARLOS FUENTEALBA
30.000 COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DETENIDOS-DESAPARECIDOS ¡PRESENTES!
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