El profesor Dante Patrignani negó ante la justicia civil que haya una campaña que “deshonre” al camarista Néstor Luis Montezanti, ex Personal Civil de Inteligencia durante el terrorismo de Estado. Fue en respuesta a una demanda planteada por el docente de Derecho contra el cual se tramita un juicio académico en la Universidad Nacional del Sur y una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por no reunir las condiciones éticas suficientes para los cargos.
En su presentación, el asambleísta aportó copia del legajo del Destacamento de Inteligencia del juez donde se advierte que quien lo recomendó para PCI es un genocida condenado en Francia a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en el marco de la Operación Cóndor y prófugo de la justicia de nuestro país. Se trata del coronel José Osvaldo Riveiro quien dice tener conocimiento de Montezanti desde 1975 y comandó el grupo de tareas argentino que desde Honduras combatió al gobierno sandinista de Nicaragua.
“Respecto a los ‘afiches policromos’, en los que aparece ‘tocado por una gorra militar’, para nada pueden ser calificados de ‘impúdicos’. La gráfica es solo un recurso propagandístico visual para poner en evidencia su vinculación con la dictadura, la cuestión de fondo que Montezanti elude debatir“, escribió la dra. Mónica Fernández Avello en el descargo.
Riveiro, también conocido como Balita o Rawson, además de la condena de la justicia francesa “está sospechado de ser uno de los principales fundadores de la Alianza Anticomunista Argentina“.
La sentencia del dr. José Luis Ares en la querella que entabló el integrante de la Cámara de Apelaciones contra Alberto Rodríguez por calumnias e injurias confirmó “la presencia de Montezanti en la toma de la UTN el día 3 de abril de 1975 por un grupo armado de la banda criminal Triple A” y que en 1984/85 el actual diputado Juan Pedro Tunessi vio en el estudio del espía “un diploma en la pared firmado por el genocida Suárez Mason de una Liga Anticomunista Argentina, como asimismo que en el año 1983 compartió una lista electoral junto con Ponce y Quiroga”.
En noviembre de 1976 Riveiro fue designado jefe del Destacamento de Inteligencia 144 de Mendoza y el 31 de octubre de 1979 como jefe de inteligencia en el Destacamento 181 de Bahía Blanca. “Demás está decir que la principal tarea de la inteligencia militar durante el desarrollo del terrorismo de Estado era obtener y procesar la información que se extraía mediante torturas a lxs detenidxs”.
“Asimismo este triste personaje partió en 1980 para Honduras para aportar asesores y entrenamiento al grupo de mercenarios y ex agentes somocistas que combatirían desde Honduras al gobierno sandinista de Nicaragua”. Según publicó Página/12 en esta nota, de Honduras se trajo su alias Balita, “obtenido en el fragor de sus tareas enseñando a los contras los ajustados métodos argentinos para secuestrar, torturar y desaparecer personas”.
De la visión microfilmada del legajo personal de Montezanti surge que el 25 de septiembre de 1980 hay una “declaración de cargos” dirigida al Jefe II EMGE donde Montezanti declara ser “empleado” del “Comando en Jefe del Ejército (EMGE-Jef II-Icia”, como A1 In10, con sueldo básico de 3.407.077. No detalla horarios pero pone ‘a disposición de las necesidades del Dest Icia. 181′.
En el escrito se menciona que la estrategia elegida por los genocidas para la construcción de un nuevo poder incluyó “las políticas de exterminio sobre quienes de una u otra forma se opusieran a este nuevo régimen y uno de sus métodos centrales fue la difusión del terror en forma masiva como dispositivo de control social”.
“Se procedió en la más absoluta ilegalidad y clandestinidad al secuestro, detención y tortura masiva de quienes el régimen consideraba oponentes, potenciales o activos, deliberadamente excluidos de todo amparo legal. Todo esto hubiese sido imposible sin el despliegue de una ‘inteligencia’”.
Fernández Avello y Patrignani sostienen que diversas causas por delitos de lesa humanidad en nuestro país demostraron el rol protagónico de las áreas de Inteligencia del Estado en la represión ilegal durante la dictadura. “No solo han desarrollado tareas de recopilación de información sino también la participación activa en los denominados ‘grupos de tareas’ que asolaron las libertades y las vidas de los argentinos”.
“Estos grupos de tareas estaban compuestos por personal del Ejército Argentino, Policía Federal, Policía Local y Personal Civil de Inteligencia que con un amplio domino del territorio y un poder ilimitado, detenían, torturaban, mataban y hacían desaparecer los cuerpos de numerosos argentinos. Todo ello bajo el amparo de un estado represivo fundado en la doctrina de la seguridad Nacional”.
Recuerdan que fue el Archivo Nacional de la Memoria publicó en su página web el listado de personas que se desempeñaron como Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Ejército entre 1976 y 1983, entre las cuales aparece Montezanti. “Estas personas se infiltraron en partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, etcétera y desde el comienzo de la democracia hasta el día de hoy ocupan cargos públicos tales como funcionarios, legisladores y hasta jueces”.
“Por supuesto que en un país democrático es la justicia quien debe juzgar su accionar ya que en el caso de haber cometido algún delito de los tipificados en el Código Penal, éstos mismos no han prescripto por ser delitos de lesa humanidad, y es en mi derecho a la libertad de expresión, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios ya que una sociedad que no está bien informada no es libre”, concluye Patrignani en el descargo que puede leerse completo aquí.
